Este martes se cumplieron 20 años de uno de los episodios de represión y violencia estatal más brutales ocurridos en Jalisco. El 28 de mayo de 2004 se escribió una de las páginas más negras en el libro de las libertades políticas y respeto a los derechos humanos en Jalisco. En mayo de 2004, Guadalajara fue sede de una cumbre de Jefes de Estado de América Latina, El Caribe y la Unión Europea (ALCUE). A la par de las reuniones y deliberaciones de 53 Jefes de Estado, decenas de organizaciones civiles de Jalisco, México y otras partes del mundo celebraron un Foro Social bajo el lema Enlazando Alternativas, que llevó a cabo decenas de actividades como foros, conferencias y talleres, para terminar con una amplia manifestación convocada la tarde del viernes 28 de mayo partiendo de la glorieta Minerva hasta la plaza de los dos templos. Cuando la manifestación llegó al cruce de las avenidas Juárez y 16 de Septiembre, un grupo de jóvenes encapuchados se enfrentó a policías estatales y federales que mantenían una valla por la Avenida 16 de Septiembre. Los organizadores de la manifestación y del Foro Social siempre se deslindaron de la violencia de ese grupo. Después de casi una hora en la que no se detuvo a quienes agredían directamente a los policías, el entonces gobernador panista Francisco Ramírez Acuña (hoy aspirante a senador de la República por el PAN) ordenó el despliegue de uno de los operativos policíacos de detención y represión más amplio y masivo que ha tenido Guadalajara, comparado con el Halconazo del 5 de junio de 2020 por el actual Gobierno.Durante la tarde-noche del viernes 28 de mayo policías estatales y de la entonces Procuraduría de Justicia detuvieron violentamente a 111 personas; la mayoría fue llevada al sótano de la Secretaría de Seguridad, en Avenida 16 de Septiembre y Libertad. Otro grupo fue llevado a las instalaciones de la Procuraduría en la calle 14 y algunos otros a la sede de la Policía de Guadalajara en la Avenida independencia. La mayoría de los detenidos fueron torturados y a algunas mujeres se les cometieron vejaciones sexuales. Al día siguiente, el sábado 29 de mayo, se consignó a 48 de los detenidos y se liberó a otros 63 (entre ellos ocho extranjeros), admitiendo que esos detenidos eran inocentes, pues ni siquiera se les hicieron cargos administrativos. Una parte de los detenidos sufrieron tortura: golpes en el cuerpo, bolsas en la cabeza para aplicarles asfixia momentánea, simulacro de disparos en la sien, amenazas de muerte para los torturados y sus familias, posturas corporales lesivas durante varias horas. Además se les impidió comunicarse con sus familiares o abogados. A los detenidos se les consignó por daños a las cosas, pandillerismo y resistencia a la autoridad, y varios de ellos pasaron varios meses en la cárcel, como Daniel Vázquez, un joven que ni siquiera participó en la manifestación y que no podía declararse inocente porque había sido operado de las cuerdas vocales. Algunos consignados debieron llevar este proceso judicial fabricado hasta por quince años. Todos los abusos, tortura y tratos crueles y degradantes cometidos por las fuerzas de seguridad del Gobierno panista de Ramírez Acuña fueron consignadas en un Informe Especial que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en agosto de ese mismo año. Pero el entonces gobernador no sólo no admitió su responsabilidad, sino que sin reparo declaró que si fuera necesario lo “volvería a hacer”. A la distancia, parece ser que ese discurso de mano dura del entonces gobernador, avalado por la cúpula empresarial (entre ellos el candidato Juan José Frangie), la Iglesia católica y la mayoría de medios de información, fue un recurso político para ganar presencia nacional como un político que no le temblaba la mano frente a quienes “venían a destruir la ciudad”. Tiempo después, Ramírez Acuña fue designado secretario de Gobernación por Felipe Calderón. Lamentablemente los responsables de este brutal episodio represivo no fueron investigados y sancionados en su momento. Al contrario, ahora el principal responsable político de los hechos del 28 de mayo, Ramírez Acuña, se presenta, sin rubor y sin remordimiento de conciencia, como candidato de la coalición PAN, PRI y PRD al Senado de la República. A 20 años de la represión de mayo de 2004 es necesario ejercer el derecho a la memoria para seguir exigiendo justicia para que hechos tan brutales como la represión y la tortura contra ciudadanos que ejercen su derecho de manifestación, no vuelvan a ocurrir ni en Jalisco, ni en México.
