Si usted es un empresario o simplemente alguien que tiene ahorros y está pensando en invertir en Nayarit, conviene que sepa esto: existe una mafia oficial especializada en el despojo y la extorsión, utilizando como herramientas delictivas a las instituciones públicas que deberían servir a la sociedad. Igual que sucede con la advertencia sobre destinos que pueden significar un riesgo para aquellos que los visiten, Nayarit es un territorio riesgoso para quienes desean invertir. El asunto, ciertamente no es nuevo. La extorsión adquirió su cenit durante el Gobierno del priista Roberto Sandoval (2011-2017) cuando el ex fiscal Edgar Veytia, al frente de un enorme aparato que combinaba recursos oficiales con recursos propios de una mafia criminal, cometían despojos de todo aquello que deseara el grupo en el poder, sin importar si eran vehículos, propiedades o vidas. Nada ha cambiado, si acaso el discurso mojigato de respeto a la ley y honestidad tan propio de la llamada cuarta transformación. Hoy la mafia no la encabeza un fiscal con pistola al cinto, sino un grupo de asesores entre los que destaca Gabriel Camarena Morales en su calidad de asesor cercanísimo del gobernador; Javier Mercado Zamora, secretario particular del mandatario hasta hace unos días, y posiblemente el próximo titular del Poder Legislativo, además de funcionarios de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, del Poder Judicial y del Tribunal Administrativo. Todos coludidos con el mismo fin: enriquecerse a costa de los nayaritas y de quien venga a invertir a nuestro Estado. Un ejemplo de lo anterior es el llamado megaoperativo Nuevo Nayarit, lanzado hace poco más de un año y medio por el Gobierno que encabeza el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero y que tenía como propósito, supuestamente, la recuperación de propiedades que fueron entregadas de manera irregular por anteriores administraciones, principalmente, la del exgobernador Ney González Sánchez, reconocido némesis del actual mandatario por haber competido ambos por la gubernatura en 2005. Hace un año, con motivo de la aprobación de un paquete de reformas laborales que hoy tienen a miles de trabajadores litigando sus derechos, decretó también el llamado Fondo Soberano Nuevo Nayarit. Un mecanismo que, a decir del propio gobernador Navarro y de Gabriel Camarena, vendría a solucionar los problemas financieros de la Entidad. El Fondo, en teoría, tendría suministro de los recursos que se obtuvieran producto de la recuperación de bienes antes descrita. De allí, se dijo también, se fondearía el pago de pensiones a los trabajadores jubilados. 12 meses han bastado para estrellarse con la realidad. La inmensa mayoría de los bienes confiscados han tenido que ser devueltos a sus propietarios, que han ganado las acciones legales emprendidas para la defensa de su patrimonio. El resto, en litigio todavía, seguramente correrán la misma suerte. Mientras tanto, en el resto del país se sabe que invertir en Nayarit conlleva el riesgo de ser despojado utilizando el aparato de impartición de justicia, como ya lo han hecho con varios empresarios. Para ello, el Gobierno de Nayarit ha dispuesto una maquinaria institucional cuyo último engranaje es la reforma a la Ley del Registro Público de la Propiedad, que elimina la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda consultar los datos registrales de alguna propiedad. Lo anterior, con el evidente propósito de blindar a los funcionarios que han sido señalados en reiteradas ocasiones de operar los despojos de propiedades en la presente administración. Gracias a esta reforma, usted o yo, no podremos saber ya cuántas propiedades están a nombre del gobernador Miguel Ángel Navarro o de Gabriel Camarena Morales, el principal extorsionador institucional del sexenio. La mafia del poder existe y opera en Nayarit teniendo como guarida el Palacio de Gobierno.
